Crimen Organizado, los costos de llegar tarde

Desde 2021, la violencia criminal en Chile ha adquirido un protagonismo inédito, impulsada por múltiples causas y manifestándose como parte de un fenómeno global que impacta especialmente en economías abiertas. Aunque diversos diagnósticos han intentado abordar la situación, su volumen y dispersión dificultan la consolidación de estrategias o políticas criminales orientadas a dar soluciones de largo plazo.

Se estima que 4570 personas privadas de libertad en Chile mantienen vínculos con organizaciones criminales, nacionales, extranjeras o mixtas, lo que representa aproximadamente el 7% de la población penal. El resto del universo, de 62.430 reclusos, estarían relacionados con otras formas de criminalidad. Esta proporción desmitifica la percepción de que toda actividad criminal puede tener su punto de origen desde las cárceles, quedando claro que el crimen organizado puede configurarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Si bien no se debe minimizar el impacto de esta criminalidad, sí es necesario aplicar políticas de alerta temprana, eficientes y tangibles. De lo contrario, las acciones y respuestas reactivas únicamente permitirán resultados parciales en investigaciones, desplazando las operaciones criminales hacia los recintos penitenciarios, donde ese 7% continúa articulando nuevas dinámicas delictivas organizadas.

Somos un país, que históricamente ha reaccionado a los fenómenos criminales en lugar de anticiparse a aquellos que son posibles de prospectar a corto plazo. Desde una mirada legislativa, el mejor ejemplo de es que como Estado, después de haber tenido una postura histórica favorable sobre las definiciones de crimen organizado acordadas en la “Convención de Palermo” el año 2000, recién después de 23 años, el país promulgó una nueva ley que adecuó a nuestro país las propuestas de dicha convención. Desde una perspectiva operativa mirar lo que sucede en otros países nos invita a innovar para prevenir a través de acciones concretas la mitigación de su propagación. Este último párrafo nos invita a reflexionar y analizar de otros para diseñar propuesta de acuerdo con nuestra realidad nacional.

Uruguay, país históricamente reconocido por su seguridad interna y bajos índices de corrupción. Sin embargo, la intromisión de organizaciones mafiosas italianas y el Crimen Organizado Transnacional brasileño, como el Primer Comando de la Capital (PCC), sumada a la importancia geopolítica de su puerto de Montevideo, han deteriorado rápidamente sus condiciones de seguridad. Esto sugiere que Chile podría seguir una trayectoria similar, pese a su histórica estabilidad en la región.

El caso de Ecuador, también ilustra claramente esta problemática: la presión de organizaciones criminales transnacionales sobre los puertos de Guayaquil y Manta, y la infiltración de alianzas entre el COT y Estados adversarios, reflejan un escenario que Chile no debe subestimar. La única herramienta eficaz para comprender, anticipar y neutralizar esta amenaza es la inteligencia y contrainteligencia, además, de
investigaciones criminales sostenidas en el tiempo.
En nuestro país, la presencia incuestionable de organizaciones criminales internacionales provenientes de Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y China, proyectan a nuestro país como el principal factor de desestabilización del Estado de Chile, poniendo en riesgo, de forma directa, la estabilidad del Estado de Derecho.

Aún más preocupante, es la combinación entre el Crimen Organizado Transnacional y el terrorismo, tanto local como internacional. Este fenómeno ya se ha evidenciado en la zona centro-sur del país, donde el triple homicidio de funcionarios de Carabineros, perpetrado por una organización radicalizada de base étnica mapuche, revela una ruptura con los dogmas clásicos: el terrorismo ya no busca únicamente el cambio político, ni el crimen organizado solo el lucro ilícito.

Asimismo, la detección temprana de amenazas debe basarse en información fidedigna. Por ello, es fundamental potenciar el ámbito de la inteligencia y contrainteligencia, no como un simple componentes de la inteligencia, sino como pilares estratégicos para dirigir las acciones preventivas.

Por eso, es necesario implementar entre algunos otros, los primeros grandes cambios en nuestro país, como el fortalecimiento de una policía fronteriza, creación de una policía aduanera, amplio monitoreo de la migración de individuos vinculados al crimen organizado, y lo más importante, fortalecimiento y centralización de la inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, que actualmente realizan, las policías y fuerzas armadas, en forma separada.

Álex Chavan, Director de Seguridad Comunal de Huechuraba.